Trabas y restricciones impiden a las constructoras nacionales participar en la construcción de obras estatales. La imposibilidad de reajustar el precio fluctuante de los materiales, la falta de una instancia de conciliación y resolución de controversias,la ejecución de las boletas de garantía sin previo análisis y la falta de una normativa para regular la extracción de agregados son las cuatro trabas identificadas por los presidentes de las Cámaras de Construcción de La Paz, Davor Vargas; de Santa Cruz, Mariano Egüez, y de la Cámara Boliviana de Construcción (Caboco), Cristian Eduardo.
A septiembre del 2013, un 30 por ciento de las licitaciones internacionales de obras públicas, lanzadas en Cochabamba por el Gobierno, fueron declaradas desiertas; es decir, que alrededor de 1 millón de dólares en obras no pudo ejecutarse debido a la normativa de contrataciones que impidió la participación de empresas constructoras nacionales, según estadísticas de la Cámara de la Construcción de Cochabamba (Cadeco).
Considerando que el año pasado el Estado presupuestó alrededor de 3.000 millones de dólares para la construcción de obras públicas en Cochabamba, el caso amerita revisar o, en su caso, flexibilizar la norma de contrataciones estatales, señala el presidente de la Cámara de la Construcción de Cochabamba (Cadeco), Franklin Pérez.
A tiempo de referir que a nivel nacional no existen estadísticas del porcentaje de licitaciones declaradas desiertas, anuladas o adjudicadas, Pérez señaló que “con diferencia de puntos, el problema es el mismo”, pues una mayoría de las empresas nacionales se ven impedidas de participar y adjudicarse la construcción de obras públicas, si no es en alianza estratégica con empresas extranjeras que tienen capital.
Recordó que la primera semana de marzo, por ejemplo, el Gobierno declaró desiertas las dos licitaciones para construir la “Casa Grande del Pueblo”, el futuro palacio presidencial, cuya edificación es promovida por el presidente Evo Morales con un presupuesto de 231,6 millones de bolivianos.
Consultado sobre el tema, el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, explica que una mayoría de las licitaciones fueron declaradas desiertas porque las constructoras nacionales no tienen capacidad económica ni técnica para ejecutar grandes construcciones como carreteras, aeropuertos, represas, puentes y otros.
“Nosotros hemos constatado, en terreno, que no existe la suficiente cantidad, ni capacidad económica de empresas constructoras nacionales que puedan aceptar el desafió de construir obras de envergadura”, sostiene.
Al respecto, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, declaró días atrás al matutino La Razón que las actuales normas exigen cubrir boletas de garantía tan elevadas que los constructores nacionales quedan sin capital para adjudicarse obras públicas e impiden que el empresariado asuma el desafío que planteó el presidente Evo Morales, tiempo atrás, que es el de adjudicarse los proyectos gubernamentales.
“Por ejemplo, cuando hay un conflicto en alguna obra por un problema técnico, legal o de diseño, en el avance, resulta que a uno le ejecutan la boleta sin un previo análisis de solución de controversias o de conflictos que determine con claridad si el contratista es el que ha fallado”, señala Pérez.
Egüez explica que en aquellas obras cuya ejecución demanda uno o más años, se justifica un reajuste de precio de materiales de construcción porque cada año que pasa los precios de los insumos suben igual que el salario de los obreros.
Los presidentes de las cuatro cámaras de construcción consideran que estos cuatro aspectos deben incluirse en la reglamentación del Decreto Supremo 0181 para la contratación de obras, a fin de elevar el porcentaje de participación de constructoras locales en la construcción de obras públicas.
Eduardo informa que actualmente el 60 por ciento de las obras públicas está en manos de empresas extranjeras porque cuentan con capital y tienen acceso a garantías fuera del país. Agregó que para incrementar el porcentaje de participación de constructoras nacionales, las boletas de garantía deberían reducir su porcentaje.
En el caso de Santa Cruz, se informó que el 80 por ciento de construcciones públicas fueron adjudicadas a empresas extranjeras porque las nacionales tienen limitaciones económicas y técnicas; mientras que “la mayor parte de las obras de la Alcaldía cruceña fueron adjudicadas a empresas nacionales, inclusive asociadas a Cadecocruz, y en el caso de las provincias, un 50 por ciento a empresas asociadas”, afirma Eduardo.
Boletas costosas
El elevado porcentaje de las boletas de garantía sería la principal limitación que confronta el constructor nacional para ejecutar obras públicas, apunta el constructor Carlos Camacho, afiliado a la Cámara de la Construcción de Cochabamba.
Pone como ejemplo que cuando una empresa se adjudica una obra de 100 millones de dólares, debe presentar una boleta de garantía de cumplimiento de contrato que equivale a entre 10 y 20 por ciento del total y, además, para recibir el primer anticipo, debe empozar el 7 por ciento de la garantía de correcta inversión que representa otros 7 millones de dólares.
Para cumplir con ese monto las empresas acuden a los bancos en pos de hipotecas o prendas que se puedan ejecutar en caso de incumplimiento.
“Todo esto provoca que el constructor, antes de iniciar la obra, tenga paralizado entre 17 y 27 millones de dólares, o sea, que se le resta capacidad de operación para la compra de maquinaria, pago de diésel, asfalto u otros trabajos necesarios antes de iniciar las obras”, sostiene.
El presidente de la Cadecocruz, Mariano Egüez, dice que las constructoras, al no contar con recursos suficientes para anticipos, adelantos y garantías, optan por asociarse con empresas extranjeras que sí tienen capital, pero no maquinaria, ni recursos humanos.
EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Abren posibilidad de flexibilizar las contrataciones
El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, admitió la posibilidad de revisar o flexibilizar las normas de contratación de obras públicas, “siempre y cuando las constructoras nacionales demuestren eficiencia y sobre todo productividad”.
A tiempo de reiterar que las constructoras nacionales no tienen capacidad financiera para adjudicarse grandes construcciones, dijo que el Gobierno trabaja para que “puedan desarrollar sus capacidades y así adjudicarse los proyectos que el Estado requiere”.
Los representantes de las Cámaras de la Construcción celebraron la posibilidad de dialogar; pero rechazan la sindicación gubernamental de no contar con capacidad económica, ni técnica para adjudicarse y ejecutar obras públicas de envergadura, licitadas por el Gobierno.
“Es discutible la posición del Gobierno, la capacidad técnica creo que la tenemos, lo hemos demostrado en Cochabamba con las obras de la Y de la Integración, donde son empresas nacionales las ejecutoras; sólo que el acceso a las boletas de garantía es lo que dificulta la participación de nuestras empresas”, sostuvo el presidente de la Cadeco, Franklin Pérez.
“El problema del empresariado nacional es que no tiene condiciones (patrimonio) para acceder a garantías fuera del mercado nacional”, acotó por su parte, el presidente de la Caboco, Christian Eduardo.
Los presidentes de las Cámaras de la Construcción del eje central admitieron que no tienen capitales para emprender obras mayores a 100 millones de dólares, las que exigen garantías de hasta un 27 por ciento del total de la obra; pero que tienen capacidad técnica, maquinaria y recursos humanos para construir obras públicas de envergadura.
Respecto a las boletas de garantía, Pérez sugiere al Gobierno replicar la experiencia de Chile y Brasil, donde el contrato de construcción es garantía ante entidades bancarias para acceder a boletas de cumplimiento de contrato y de correcta inversión de anticipo, que en Bolivia representan boletas de hasta un 20 y un 7 por ciento, respectivamente, sobre el costo total del proyecto.
Añadieron que se encuentran preparando toda la documentación necesaria que les permita reunirse con el Gobierno para modificar o flexibilizar el Decreto Supremo 181 de Contratación de Obras Públicas de Bienes y Servicios.
OPINIÓN
Jaime Ponce, Presidente Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba
Importante es reunirse, discutir y concertar soluciones
La contratación pública de obras, bienes y servicios en nuestro país está regida por una norma y regulada por el Decreto Supremo 181, que según las cámaras de la construcción del país, restringe la participación de empresas nacionales en los procesos de licitación internacional lanzadas por el Estado, razón por la que urge su modificación.
En referencia a los precios de materiales o insumos, la cláusula 16 del modelo de contrato señala que no procede ningún reajuste, cuando en la práctica hay necesidad de un reajuste porque cada año se incrementa el costo de la mano de obra y del fierro o asfalto importado, que ocasionan un desfase entre el presupuesto original y de ejecución.
Una fórmula polinómica o del índice de precios al consumidor (IPC), así como se realiza en contratos de mantenimientos rutinarios de vías camineras, sería quizá una salida.
Respecto a las garantía, el DS 181 establece varias boletas: la Garantía de Seriedad de Propuesta por el 1 por ciento de la propuesta económica, la Garantía de Cumplimiento de Contrato por 7 por ciento del monto de contrato y la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100 por ciento del monto de anticipo acordado (20 por ciento).
Los tipos de garantías exigidos inmovilizan los recursos del contratista e impiden que cuente con mayores recursos para iniciar trabajos. En el caso de grandes proyectos donde los montos de garantías son importantes, no existe la capacidad económica de las instituciones financieras para cubrir dichas garantías.
Sería interesante trabajar las ideas de Reducir el valor de la garantía de cumplimiento de contrato de 7 a un 3,5 por ciento. En caso que el contratista haya cumplido el 51 por ciento de avance físico de su contrato, se le pueda permitir una reducción del 50 por ciento del monto de garantía de cumplimiento de contrato. En todo caso lo más importante en este tema es reunirse, discutir y concertar soluciones cuanto antes.
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