Las construcciones en el departamento de Cochabamba solo responden a la iniciativa e inversión privada, a diferencia de lo que sucede en La Paz y Santa Cruz, donde se ve el impulso gubernamental y empresarial.
La información la dio a conocer ayer el presidente del Colegio de Arquitectos de Bolivia y de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, Fabián Farfán Espinoza.
Para el profesional, la arquitectura de una ciudad o país es producto de los factores sociales, económicos, políticos e institucionales, entre otros aspectos. “Si nosotros queremos hacer una comparación en términos de arquitectura misma, habría que analizar primero esos factores”.
Dijo que en Cochabamba se vive una sentida recesión económica que se refleja en que los proyectos sean de orden privado y no público. Esta realidad debe llamar la atención de las autoridades municipales y de la Gobernación para encarar más obras de impacto.
Farfán recordó que en los últimos diez años no se han visto obras de impacto, salvo el distribuidor de la Beijing. Tampoco se proyectaron más parques estructurados que los planificados durante la década del 80, el Demetrio Canelas, Excombatientes y Abraham Lincoln.
En la ciudad de La Paz el factor político trascendió al ámbito de la arquitectura “de manera determinante”. Señaló que se están construyendo grandes proyectos arquitectónicos como la Casa del Pueblo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, entre otros.
También se ven avances en el ámbito de la movilidad urbana como la instalación de los teleféricos. “Estas obras de desarrollo hacen de la Sede de Gobierno una ciudad moderna y pujante”.
En el caso de Santa Cruz, los edificios son el resultado del impulso empresarial y del sector privado. Son edificaciones y urbanizaciones de gran envergadura promovidas por el crecimiento económico. Los grandes inversionistas se encuentran en la capital oriental desarrollando proyectos grandes.
Farfán mencionó que el nivel de profesionales que se tiene en el ámbito nacional y departamental es alto.
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26 abril 2017
Vecinos protestan contra ley de fiscalización de construcciones
La Ley Municipal Autonómica 233/2017, de Fiscalización Técnica Territorial, hace que las multas sean efectivas y debidamente equiparadas respecto de las utilidades que generan los constructores que vulneran la normativa municipal
Vecinos de las zonas periféricas se movilizaron la mañana de ayer en rechazo a la Ley Municipal 233/2017, de Fiscalización Técnica Territorial, que dispone ordenar y evitar las construcciones fuera de norma. Protestaron en puertas del Palacio Consistorial, manifestando que se trata de un atentado en contra de su derecho a la vivienda.
Al menos, 70 juntas de vecinos, lideradas por Jesús Vera, expresaron que la norma aprobada por la comuna no se ajusta a la realidad social de las zonas populares, debido a que la mayoría de las construcciones de las laderas no cuentan con los documentos que exige la norma municipal, hecho que les expondría a las severas sanciones que establece la nueva disposición.
“Vamos a pedir que todas las juntas de vecinos se sumen a la medida. Se nos caen las casas y no se aprueban las planimetrías, no nos dan los certificados de catastro”, reclamó Vera.
MOVILIZACIÓN POLÍTICA
Por su parte, el secretario de la Comisión de Planificación y Gestión Territorial de Concejo Municipal, Isaac Fernández, aseguró que se trata de movilizaciones de interés político y que de ninguna manera responden a criterios técnicos.
“Son cerca de 700 personas las guiadas por Jesús Vera. Se trata de personas que no quieren entrar en norma ni actuar en Derecho. Están a favor de gente que lotea, que ocupa áreas verdes para este efecto. La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz consta de 700 juntas vecinales, este grupo que protesta está siendo utilizado por unos cuantos”, afirmó Fernández.
A decir del concejal, se trata de personas que expresaron a los vecinos de distintas zonas sus criterios personales, que nada tienen que ver con el sentido de la norma recientemente aprobada por la comuna. “Una Ley de fiscalización es una ley que pondrá orden en la ciudad y sancionará las arbitrariedades que actualmente cometen”, remarcó.
En relación con la supuesta aplicación de la normativa, con la notificación a dueños de casa, Fernández, aclaró que la Ley no es retroactiva, por otra parte la reglamentación de la Ley Municipal Autonómica 233/2017 está en proceso de elaboración y será concluido en el plazo de 180 días, por lo que no está siendo aplicada aún por la Municipalidad.
LOTEADORES
El Secretario Municipal de Planificación para el Desarrollo de la comuna paceña, Marcelo Arroyo, exhortó a la ciudadanía no dejarse confundir con estas convocatorias, por tratarse de un “movimiento de manipuladores políticos” que protege a loteadores y avasalladores, agravando la situación de riesgo en la que están muchas casas. En este sentido, la nueva norma permitirá contar con mecanismos de control, accediendo a la demanda ciudadana.
“En todas las audiencias ciudadanas que hemos tenido, más de 100 requerimientos piden fortalecer nuestros mecanismos de control contra los avasallamientos de loteadores y la construcción de edificaciones fuera de la norma técnico legal”, apuntó.
Con relación a las multas y sanciones, Arroyo explicó que este aspecto está normado y lo que hace esta normativa es que las multas sean efectivas y debidamente equiparadas respecto de las utilidades que generan a los constructores, porque de manera desproporcionada vulneran la normativa municipal.
En este sentido, el funcionario aclaró que la “autotutela municipal”, establecida en el artículo 40 (Cumplimiento de las sanciones), otorga a la Alcaldía la facultad de intervenir directamente en construcciones que se encuentran sobre propiedad municipal y zonas de alto riesgo.
ADMINISTRACIÓN
A diferencia de una nueva normativa con severas sanciones, Vera demanda mejorar la administración municipal y designar las responsabilidades de fiscalización a recursos humanos capacitados. “Puestos laborales que debieran estar a cargo de abogados están a cargo de personas que desconocen incluso el procedimiento de notificación, el vecino es el último en enterarse”, denunció.
En criterio del vecindario movilizado, la reglamentación de la Ley 233/2017 debe contar con la participación y concertación de las organizaciones vecinales.
Vecinos de las zonas periféricas se movilizaron la mañana de ayer en rechazo a la Ley Municipal 233/2017, de Fiscalización Técnica Territorial, que dispone ordenar y evitar las construcciones fuera de norma. Protestaron en puertas del Palacio Consistorial, manifestando que se trata de un atentado en contra de su derecho a la vivienda.
Al menos, 70 juntas de vecinos, lideradas por Jesús Vera, expresaron que la norma aprobada por la comuna no se ajusta a la realidad social de las zonas populares, debido a que la mayoría de las construcciones de las laderas no cuentan con los documentos que exige la norma municipal, hecho que les expondría a las severas sanciones que establece la nueva disposición.
“Vamos a pedir que todas las juntas de vecinos se sumen a la medida. Se nos caen las casas y no se aprueban las planimetrías, no nos dan los certificados de catastro”, reclamó Vera.
MOVILIZACIÓN POLÍTICA
Por su parte, el secretario de la Comisión de Planificación y Gestión Territorial de Concejo Municipal, Isaac Fernández, aseguró que se trata de movilizaciones de interés político y que de ninguna manera responden a criterios técnicos.
“Son cerca de 700 personas las guiadas por Jesús Vera. Se trata de personas que no quieren entrar en norma ni actuar en Derecho. Están a favor de gente que lotea, que ocupa áreas verdes para este efecto. La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz consta de 700 juntas vecinales, este grupo que protesta está siendo utilizado por unos cuantos”, afirmó Fernández.
A decir del concejal, se trata de personas que expresaron a los vecinos de distintas zonas sus criterios personales, que nada tienen que ver con el sentido de la norma recientemente aprobada por la comuna. “Una Ley de fiscalización es una ley que pondrá orden en la ciudad y sancionará las arbitrariedades que actualmente cometen”, remarcó.
En relación con la supuesta aplicación de la normativa, con la notificación a dueños de casa, Fernández, aclaró que la Ley no es retroactiva, por otra parte la reglamentación de la Ley Municipal Autonómica 233/2017 está en proceso de elaboración y será concluido en el plazo de 180 días, por lo que no está siendo aplicada aún por la Municipalidad.
LOTEADORES
El Secretario Municipal de Planificación para el Desarrollo de la comuna paceña, Marcelo Arroyo, exhortó a la ciudadanía no dejarse confundir con estas convocatorias, por tratarse de un “movimiento de manipuladores políticos” que protege a loteadores y avasalladores, agravando la situación de riesgo en la que están muchas casas. En este sentido, la nueva norma permitirá contar con mecanismos de control, accediendo a la demanda ciudadana.
“En todas las audiencias ciudadanas que hemos tenido, más de 100 requerimientos piden fortalecer nuestros mecanismos de control contra los avasallamientos de loteadores y la construcción de edificaciones fuera de la norma técnico legal”, apuntó.
Con relación a las multas y sanciones, Arroyo explicó que este aspecto está normado y lo que hace esta normativa es que las multas sean efectivas y debidamente equiparadas respecto de las utilidades que generan a los constructores, porque de manera desproporcionada vulneran la normativa municipal.
En este sentido, el funcionario aclaró que la “autotutela municipal”, establecida en el artículo 40 (Cumplimiento de las sanciones), otorga a la Alcaldía la facultad de intervenir directamente en construcciones que se encuentran sobre propiedad municipal y zonas de alto riesgo.
ADMINISTRACIÓN
A diferencia de una nueva normativa con severas sanciones, Vera demanda mejorar la administración municipal y designar las responsabilidades de fiscalización a recursos humanos capacitados. “Puestos laborales que debieran estar a cargo de abogados están a cargo de personas que desconocen incluso el procedimiento de notificación, el vecino es el último en enterarse”, denunció.
En criterio del vecindario movilizado, la reglamentación de la Ley 233/2017 debe contar con la participación y concertación de las organizaciones vecinales.
23 abril 2017
Tarija Albañiles no consiguen trabajo y salen a vender o manejar taxis
La Asociación de Constructores Albañiles de la ciudad de Tarija aglutina a 25 mil afiliados según reportó el secretario de prensa y propaganda de la organización, Dante Cuevas.
Asegura que solamente un 5% de sus afiliados tienen trabajo, por lo que el resto se dedica al comercio ambulante y a manejar taxis.
El dato es un “balde de agua fría” para el sector que hoy celebre el quinto aniversario de la asociación. Según el dirigente, la falta de movimiento económico y la recesión económica por la que atraviesa el departamento es el principal motivo para que tantos obreros estén sin empleo desde hace más de un año.
Cuevas dijo que al menos unas 20 mil familias de la ciudad de Tarija están ligadas a los proyectos y obras de construcción, por lo que todo este sector está en estado de emergencia ante la falta de empleo y la paralización de las construcciones. Para ellos cada día se les hace más difícil sobrevivir y mantener a sus hijos en las escuelas.
Pero otro aspecto que señala el dirigente que aumentó el desempleo de los obreros en Tarija, se debe a que en los dos últimos años, centenares de familias de las comunidades rurales migraron a la ciudad para trabajar en la construcción a bajos costos, lo que quitó trabajo a muchos y acentuó la crisis del sector.
A todo esto se suma los datos que arroja Fundempresa que reporta que el 2016 fue el año que se registró el mayor número de cierre de empresas en los últimos seis años. Las empresas de venta por mayor y menor, constructoras, y de servicios profesionales fueron los más afectados.
Según el reporte, al menos 34 empresas constructoras se cerraron la pasada gestión, estaba paralizado un 70 por ciento las obras de construcción de viviendas y edificios en la ciudad y sumado a esto, las obras viales a cargo del Servicio Departamental de Caminos (SEDECA) concluyeron o cerraron lo que dejó al menos 300 obreros sin trabajo.
Ante esta situación, el ex Secretario Ejecutivo de la Gobernación de Tarija, Roberto Ruiz, lamentó este tiempo por el que pasa Tarija y aseguró que el desempleo en el sur del país se disparó en los dos últimos años, a consecuencia de la paralización de obras, proyectos y programas a cargo de la Gobernación, municipios y subgobernaciones.
El ex funcionario público responsabilizo a la actual administración por lo problemas económicos y de desempleo que atraviesa la región, por lo que instó a las autoridades a agilizar los créditos y préstamos de la banca para reactivar la economía, empleo y las obras paralizadas.
El Gobernador, Adrián Oliva, a tiempo de reconocer la difícil situación por la que están atravesando empresas, comercios y la propia población por la falta de circulante, manifestó que después de casi un año y medio de peregrinar ante el Gobierno Nacional por apoyo económico, finalmente se inyectará 1.200 millones de bolivianos al presupuesto departamental para activar la economía en la región.
La autoridad departamental aseguró que de concretarse los 700 millones de bolivianos de la banca privada y los más de 25 millones de dólares del fideicomiso, espera que la situación económica de la región mejore y se pueda reactivar gran parte de las obras y proyectos que están paralizados por falta de presupuesto.
La asociación de albañiles está hoy de aniversario
La Asociación de Constructores Albañiles de la ciudad de Tarija, está hoy de aniversario y cumplirá cinco años de vida orgánica con una serie de actividades culturales y religiosas. Además, emitirán un pronunciamiento contra las autoridades departamentales, municipales y nacionales sobre el crecimiento de la tasa de desempleo, crisis económica y falta de seguridad laboral para los trabajadores en la ciudad de Tarija.
20 abril 2017
Abad Condori fue elegido como nuevo ejecutivo de los constructores en Oruro
El acto eleccionario de la Federación Sindical de Trabajadores en Construcción de Oruro (Fstco) dio como ganador y nuevo ejecutivo de esta institución a Abad Condori, quien se comprometió a trabajar por mejores días para sus hermanos de clase y consolidar aún más la institución que no pasa por un buen momento debido a la baja de proyectos para este rubro.
El acto de renovación del directorio de la Fstco se cumplió la noche de este martes en el salón de actos de su sede ubicada en las calles Potosí entre Murguía y Aldana, con la presencia de los miembros del Comité Electoral, el ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores en Construcción, Valerio Ayaviri, y 13 representantes de cada uno de los siete sindicatos afiliados a este ente.
El ejecutivo nacional, Valerio Ayaviri, manifestó que es importante este proceso de renovación que se da por dos gestiones, porque refuerza el proceso democrático sindical y que esta práctica se está realizando en diferentes federaciones a nivel nacional.
El presidente del Comité Electoral, Luis Pacifico Padilla, brindó un pequeño informe de como avanzó el proceso eleccionario y cuáles deberían ser los caminos a seguir luego de que no se presentaron frentes para terciar en las justas.
La alternativa planteada dentro de una asamblea anterior fue la de elegir mediante ternas por voto secreto a las tres primeras carteras, situación que luego de algunas observaciones fue aceptada por el pleno, seguidamente se invitó a mencionar nombres para la cartera de secretario general donde surgieron algunas discrepancias de los delegados que criticaron la participación de algunos ex dirigentes.
Luego de un cuarto intermedio se solucionó esa observación y se procedió con la elección del secretario general de la Fstco donde el ganador fue, Abad Condori, quien obtuvo 49 votos de las 87 personas que emitieron su sufragio, en segundo lugar quedó Hugo Padilla con 29 votos y en tercer lugar se quedó María Sánchez con cinco votos, además de emitirse dos votos blancos y dos nulos.
Abad Condori, señaló que no tiene promesas para sus afiliados ya que la labor de los dirigentes es asumir el mandato de sus bases y hacer lo que estos le ordenen por lo que escuchará todas las propuestas de los sindicatos que pertenecen a la Federación para tener una gestión transparente.
El acto de posesión oficial con toda la comitiva que lo acompañará por los siguientes dos años, se cumplirá el próximo 26 de abril cuando se celebre el día del trabajador en construcción.
El acto de renovación del directorio de la Fstco se cumplió la noche de este martes en el salón de actos de su sede ubicada en las calles Potosí entre Murguía y Aldana, con la presencia de los miembros del Comité Electoral, el ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores en Construcción, Valerio Ayaviri, y 13 representantes de cada uno de los siete sindicatos afiliados a este ente.
El ejecutivo nacional, Valerio Ayaviri, manifestó que es importante este proceso de renovación que se da por dos gestiones, porque refuerza el proceso democrático sindical y que esta práctica se está realizando en diferentes federaciones a nivel nacional.
El presidente del Comité Electoral, Luis Pacifico Padilla, brindó un pequeño informe de como avanzó el proceso eleccionario y cuáles deberían ser los caminos a seguir luego de que no se presentaron frentes para terciar en las justas.
La alternativa planteada dentro de una asamblea anterior fue la de elegir mediante ternas por voto secreto a las tres primeras carteras, situación que luego de algunas observaciones fue aceptada por el pleno, seguidamente se invitó a mencionar nombres para la cartera de secretario general donde surgieron algunas discrepancias de los delegados que criticaron la participación de algunos ex dirigentes.
Luego de un cuarto intermedio se solucionó esa observación y se procedió con la elección del secretario general de la Fstco donde el ganador fue, Abad Condori, quien obtuvo 49 votos de las 87 personas que emitieron su sufragio, en segundo lugar quedó Hugo Padilla con 29 votos y en tercer lugar se quedó María Sánchez con cinco votos, además de emitirse dos votos blancos y dos nulos.
Abad Condori, señaló que no tiene promesas para sus afiliados ya que la labor de los dirigentes es asumir el mandato de sus bases y hacer lo que estos le ordenen por lo que escuchará todas las propuestas de los sindicatos que pertenecen a la Federación para tener una gestión transparente.
El acto de posesión oficial con toda la comitiva que lo acompañará por los siguientes dos años, se cumplirá el próximo 26 de abril cuando se celebre el día del trabajador en construcción.
Constante crecimiento de la construcción en el decenio
La Cámara de la Construcción de Santa Cruz informó a este medio que el sector en el último decenio es de un crecimiento sostenido y constante, la mayoría de los años por encima del crecimiento del PIB nacional.
A este respecto, en nota enviada a EL DIARIO, dicha Cámara desvirtúa algunas afirmaciones de un artículo escrito sobre la materia por un colaborador de este medio, en el que se indicó que estaba bajando la demanda de cemento, lo que le indujo a suponer que se estaban también reduciendo las actividades del sector de la construcción.
Anota, en cambio, que “el sector de la construcción, como cualquier otro de la economía, está sometido a las fluctuaciones que se producen en el mercado, por lo tanto tiene períodos de crecimiento y decrecimiento, por lo que es necesario mirar en perspectiva para mirar la perspectiva para ver la tendencia subyacente”.
Luego refiere que “la tendencia en los últimos 10 años es de crecimiento sostenido y constante, la mayoría de los años por encima del crecimiento del PIB nacional”.
Continúa: “Nuestra posición ha sido, y se puede comprobar en nuestras intervenciones de prensa, que los cierres de estas empresas se deben en su mayoría a problemas de liquidez de las mismas, por los retrasos que algunas administraciones del Estado tienen en el pago de las obras que se ejecutan, para lo que la Cámara ha propuesto al Gobierno Nacional la posibilidad de que la planilla de obra debidamente firmada se convierte en instrumento mercantil que se podría negociar en el sistema financiero nacional con su correspondiente descuento”.
Termina expresando que el funcionamiento del sector del departamento de Santa Cruz muestra desde los últimos 25 años, un crecimiento sostenido, que se basa en la fuerte demanda que se genera por el aumento de la población y la llegada de compatriotas de otras regiones de Bolivia.
A este respecto, en nota enviada a EL DIARIO, dicha Cámara desvirtúa algunas afirmaciones de un artículo escrito sobre la materia por un colaborador de este medio, en el que se indicó que estaba bajando la demanda de cemento, lo que le indujo a suponer que se estaban también reduciendo las actividades del sector de la construcción.
Anota, en cambio, que “el sector de la construcción, como cualquier otro de la economía, está sometido a las fluctuaciones que se producen en el mercado, por lo tanto tiene períodos de crecimiento y decrecimiento, por lo que es necesario mirar en perspectiva para mirar la perspectiva para ver la tendencia subyacente”.
Luego refiere que “la tendencia en los últimos 10 años es de crecimiento sostenido y constante, la mayoría de los años por encima del crecimiento del PIB nacional”.
Continúa: “Nuestra posición ha sido, y se puede comprobar en nuestras intervenciones de prensa, que los cierres de estas empresas se deben en su mayoría a problemas de liquidez de las mismas, por los retrasos que algunas administraciones del Estado tienen en el pago de las obras que se ejecutan, para lo que la Cámara ha propuesto al Gobierno Nacional la posibilidad de que la planilla de obra debidamente firmada se convierte en instrumento mercantil que se podría negociar en el sistema financiero nacional con su correspondiente descuento”.
Termina expresando que el funcionamiento del sector del departamento de Santa Cruz muestra desde los últimos 25 años, un crecimiento sostenido, que se basa en la fuerte demanda que se genera por el aumento de la población y la llegada de compatriotas de otras regiones de Bolivia.
19 abril 2017
Concretec decide optar por la invitación directa
PROPONENTES
65 empresas se presentaron a las dos convocatorias de CONCRETEC, que las declaró desiertas y activó el mecanismo de la invitación directa.
La empresa ISSA CONCRETEC, que se encargará de ejecutar los 182 proyectos con el crédito público de Bs 232 millones al que accedió el Gobierno Municipal de Sucre, declaró desierta la segunda licitación pública para adjudicar las obras, pero aseguró que las empresas proponentes serán tomadas en cuenta en la invitación directa, que podría activarse la próxima semana ni bien haga conocer la Alcaldía el cronograma de ejecución.
Algunas empresas expresaron su molestia con el proceso, porque, según alegaron, no habría sido del todo serio porque para la primera convocatoria aplicaron un reglamento y en la segunda se modificó las especificaciones, además lamentaron que les hayan hecho perder tiempo y dinero sólo para tener un banco de empresas sin la seguridad de que les adjudiquen algún proyecto.
Por ejemplo, una constructora comentó que en las dos convocatorias postuló a tres proyectos y gastó $us 600 sólo en la obtención de las boletas de garantía, cuya comisión por cada una de ellas es de $us 100.
El gerente de CONCRETEC, Abel Villarroel, en declaraciones a CORREO DEL SUR, explicó que sus procedimientos permiten crear un "banco de proveedores” para diferentes servicios que requieren.
Dijo que tanto en la primera como en la segunda convocatoria hubo una escasa participación de empresas para la cantidad de paquetes de proyectos que se lanzaron. Sin embargo, aclaró que la declaratoria de desierta no implica que todo “muera ahí” pues las firmas proponentes serán tomadas en cuenta en la próxima invitación directa.
“Se trata de buscar el banco de empresas para que junto con otras se pueda establecer el procedimiento hacia la firma del contrato con el señor Alcalde y, por ende, la contratación de las empresas. Por el momento sólo se limita a eso, a tener un banco de empresas para poder invitarlas directamente una vez que se tengan ya firmados los contratos”, remarcó.
CONCRETEC lanzó dos licitaciones para adjudicar 182 proyectos distribuidos en 34 paquetes, pero las 65 empresas proponentes no pudieron cubrir ni siquiera el 30% de la oferta de obras.
“Se presentaron en un paquete con un proyectito, en otro con otro proyectito, entonces eso realmente nos dificulta, porque nosotros necesitamos mayores frentes de trabajo, en ese sentido al no cubrir la expectativa de ISSA CONCRETEC es que se fue procediendo de esta forma, pero valga la aclaración de que estas empresas van a ser tomadas en cuenta en los procesos posteriores”, subrayó Villarroel.
El Gerente cree que no hubo una buena respuesta porque muchas empresas simplemente desconocían las convocatorias, otras posiblemente estaban imposibilitadas de cumplir con los requisitos o porque estaban con algún proceso administrativo como cierres de gestión.
RESPUESTA A OBSERVACIONES
Sobre las observaciones, el ejecutivo afirmó que en las dos convocatorias se tomaron en cuenta los mismos los pliegos de especificaciones. “Nada se cambió a medio camino, definitivamente esa información es incorrecta y hasta atrevida porque no se manejó de esa forma”, respondió.
Sin embargo, admitió que las empresas efectivamente incurrieron en "algunos gastos", pero no en cuanto a las boletas de garantía que son reembolsables.
“No hemos solicitado otra garantía propia a la empresa, ni siquiera hemos vendido los pliegos (de especificaciones) por así decirlo, el pliego ha sido entregado gratuitamente y el único gasto que han realizado, que también es reembolsable, es la boleta de garantía. Nada más”, respondió.
Las boletas de garantía en las licitaciones de CONCRETEC eran equivalentes al 1% de los proyectos, monto que obviamente se devuelve a la empresa en caso de no adjudicarse ninguna obra. Lo que no tiene retorno, son las comisiones de $us 100 que se paga al banco por boleta, según uno de los proponentes.
Por su lado, el secretario General de la Alcaldía, Enrique Leaño, anunció ayer que el cronograma de ejecución de las 182 obras será definido hasta la próxima semana, con lo que se allanará la vía para las adjudicaciones.
“La siguiente semana vamos a sacar todo el cronograma para inicio de obras y con eso obra que se inicie no se va a parar”, afirmó al mencionar que la instrucción del alcalde Iván Arciénega es que todos los proyectos arranquen este año y que antes del 25 de Mayo se firmen los contratos.
11 abril 2017
Oruro Edificios de la ciudad incumplen normativas para su construcción
Edificios de la ciudad no cumplen con las disposiciones municipales que regulan su construcción, excediendo en el número de niveles en orientación horizontal que a su vez se constituye en un riesgo posterior, más aún si los mismos se encuentran ubicados en el centro de la ciudad comprendido en un área de "protección".
Según el secretario de Infraestructura del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), Carlos Delgado, este es un problema que se atraviesa en las áreas urbanas en el país y el exterior, en el caso de Oruro no existe una normativa "clara" que establezca sanciones directas para los propietarios infractores o permita a las unidades actuar de forma inmediata.
Citando como ejemplo, la autoridad hizo referencia al edificio construido en las calles Bolívar y Camacho, el cual supera el número de niveles o "pisos" autorizados de acuerdo a la normativa vigente, que aplicado a su contenido establece como un parámetro limite la cimentación de seis hasta siete pisos.
"La norma en algún caso ha sido vulnerada por los propietarios y estos no tienen los planos aprobados, pero existe esta vulneración, no podemos entrar a demoler por falta de una norma que regule, si bien construyen hasta el proyecto que está aprobado se aíslan del control urbano para continuar dos o tres pisos más", afirmo Delgado.
El área de protección del municipio de Oruro de acuerdo al plan regulador, comprende desde la calle Cochabamba hacia el centro de la ciudad, la calle Petot al centro de la ciudad, y de igual manera desde la calle Velasco Galvarro hacia el Este y la "Murguía" también hacia el centro de la ciudad.
De acuerdo a lo establecido los propietarios deberían considerar este aspecto, ya que las edificaciones muy altas incluso volverían el Casco Viejo como una zona más "frígida".
En conclusión, son varias las arquitecturas que no cuentan con planos aprobados, lo que sería objeto de sanciones en lo posterior y más aún cuando entre en vigencia el Plan de Ordenamiento Territorial, que será un instrumento para regular este aspecto.
"Son sancionados económicamente, por otro lado, los antecedentes son enviados a Derechos Reales y Derechos Reales solamente da curso a aquellas enajenaciones de propiedad horizontal hasta la cantidad de pisos aprobado, los demás pisos van a tener problemas de enajenación, no los toma en cuenta", aseveró Delgado.
Cabe señalar, que el cálculo acorde para la construcción de edificios va de acuerdo al ancho de la batiente (vía) de la calle o avenida del bien inmueble.
Según el secretario de Infraestructura del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), Carlos Delgado, este es un problema que se atraviesa en las áreas urbanas en el país y el exterior, en el caso de Oruro no existe una normativa "clara" que establezca sanciones directas para los propietarios infractores o permita a las unidades actuar de forma inmediata.
Citando como ejemplo, la autoridad hizo referencia al edificio construido en las calles Bolívar y Camacho, el cual supera el número de niveles o "pisos" autorizados de acuerdo a la normativa vigente, que aplicado a su contenido establece como un parámetro limite la cimentación de seis hasta siete pisos.
"La norma en algún caso ha sido vulnerada por los propietarios y estos no tienen los planos aprobados, pero existe esta vulneración, no podemos entrar a demoler por falta de una norma que regule, si bien construyen hasta el proyecto que está aprobado se aíslan del control urbano para continuar dos o tres pisos más", afirmo Delgado.
El área de protección del municipio de Oruro de acuerdo al plan regulador, comprende desde la calle Cochabamba hacia el centro de la ciudad, la calle Petot al centro de la ciudad, y de igual manera desde la calle Velasco Galvarro hacia el Este y la "Murguía" también hacia el centro de la ciudad.
De acuerdo a lo establecido los propietarios deberían considerar este aspecto, ya que las edificaciones muy altas incluso volverían el Casco Viejo como una zona más "frígida".
En conclusión, son varias las arquitecturas que no cuentan con planos aprobados, lo que sería objeto de sanciones en lo posterior y más aún cuando entre en vigencia el Plan de Ordenamiento Territorial, que será un instrumento para regular este aspecto.
"Son sancionados económicamente, por otro lado, los antecedentes son enviados a Derechos Reales y Derechos Reales solamente da curso a aquellas enajenaciones de propiedad horizontal hasta la cantidad de pisos aprobado, los demás pisos van a tener problemas de enajenación, no los toma en cuenta", aseveró Delgado.
Cabe señalar, que el cálculo acorde para la construcción de edificios va de acuerdo al ancho de la batiente (vía) de la calle o avenida del bien inmueble.
Constructoras se arriesgan a decomisos con ley edil 233
- Las empresas constructoras que participen en la edificación de una obra fuera de norma se arriesgan al decomiso de sus herramientas y maquinarias, como sanción impuesta por la nueva Ley 233 de Fiscalización Territorial.
El artículo 34 de la normativa municipal establece que “las retenciones de todos los materiales de construcción e instrumentos que hubiesen sido utilizados en obras, construcciones y/o edificaciones no autorizadas o que estuvieran incumpliendo la normativa técnica legal, será realizado en coordinación con las entidades correspondientes y de ser necesario con otras entidades públicas, según corresponda”.
Ese artículo es cuestionado por el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jorge Silva, para quien este tipo de acciones, “ahí cometen otra infracción constitucional porque se estaría privando el derecho a la libertad de trabajo de una empresa que no es dueña de la construcción”, y puso de ejemplo a los propietarios que contratan a una empresa para realizar la construcción.
“¿Por qué tendrían que decomisarle la maquinaria, los vehículos a la empresa constructora, si el que viola la ley es el propietario?”, se preguntó Silva.
El secretario municipal de Planificación del Desarrollo, Marcelo Arroyo, aseveró que la retención y decomiso de materiales y herramientas se debe a un “sentido de corresponsabilidad que implica que todos aquellos que hubiesen participado en la infracción son corresponsables, hablamos desde los profesionales, las empresas públicas o privadas que hubiesen participado e la infracción”.
Para Arroyo, tanto las empresas constructoras como los profesionales “conocen” de la norma técnico legal para la realización de construcciones, por lo que su obligación es “recomendar” a los propietarios sobre la adecuación de las edificaciones a la normativa técnica legal y la Ley de Uso de Suelos.
Ley no puede otorgar derechos
En el parágrafo II del artículo 34 se indica que “la autoridad municipal está facultada en cualquier momento a ejecutar la medida precautoria del decomiso”.
Ese aspecto también es cuestionado por el concejal Silva, toda vez que la Constitución Política del Estado y una Asamblea Constituyente son las únicas que otorgan derechos, tanto a los ciudadanos como a las autoridades.
En ese sentido, el legislador municipal anticipó la presentación de un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra varios artículos de la norma, razón por la cual también se abstuvo de votar por la aprobación de la ley.
Negociación por multas
En la ley, uno de los aspectos más cuestionados por Silva es la negociación de las demoliciones por multas económicas, puesto que pone en riesgo a la vecindad paceña al permitir construcciones fuera de norma a cambio de una multa económica.
Aseguró que con esa postura la Alcaldía no pretende hacer cumplir la Ley de Uso de Suelos, sino recaudar más ingresos.
El artículo 34 de la normativa municipal establece que “las retenciones de todos los materiales de construcción e instrumentos que hubiesen sido utilizados en obras, construcciones y/o edificaciones no autorizadas o que estuvieran incumpliendo la normativa técnica legal, será realizado en coordinación con las entidades correspondientes y de ser necesario con otras entidades públicas, según corresponda”.
Ese artículo es cuestionado por el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jorge Silva, para quien este tipo de acciones, “ahí cometen otra infracción constitucional porque se estaría privando el derecho a la libertad de trabajo de una empresa que no es dueña de la construcción”, y puso de ejemplo a los propietarios que contratan a una empresa para realizar la construcción.
“¿Por qué tendrían que decomisarle la maquinaria, los vehículos a la empresa constructora, si el que viola la ley es el propietario?”, se preguntó Silva.
El secretario municipal de Planificación del Desarrollo, Marcelo Arroyo, aseveró que la retención y decomiso de materiales y herramientas se debe a un “sentido de corresponsabilidad que implica que todos aquellos que hubiesen participado en la infracción son corresponsables, hablamos desde los profesionales, las empresas públicas o privadas que hubiesen participado e la infracción”.
Para Arroyo, tanto las empresas constructoras como los profesionales “conocen” de la norma técnico legal para la realización de construcciones, por lo que su obligación es “recomendar” a los propietarios sobre la adecuación de las edificaciones a la normativa técnica legal y la Ley de Uso de Suelos.
Ley no puede otorgar derechos
En el parágrafo II del artículo 34 se indica que “la autoridad municipal está facultada en cualquier momento a ejecutar la medida precautoria del decomiso”.
Ese aspecto también es cuestionado por el concejal Silva, toda vez que la Constitución Política del Estado y una Asamblea Constituyente son las únicas que otorgan derechos, tanto a los ciudadanos como a las autoridades.
En ese sentido, el legislador municipal anticipó la presentación de un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra varios artículos de la norma, razón por la cual también se abstuvo de votar por la aprobación de la ley.
Negociación por multas
En la ley, uno de los aspectos más cuestionados por Silva es la negociación de las demoliciones por multas económicas, puesto que pone en riesgo a la vecindad paceña al permitir construcciones fuera de norma a cambio de una multa económica.
Aseguró que con esa postura la Alcaldía no pretende hacer cumplir la Ley de Uso de Suelos, sino recaudar más ingresos.
06 abril 2017
Ley municipal fija 'sanciones muy duras' por incumplimiento de normas de construcción
La Ley 233 de Fiscalización Técnica Territorial fue promulgada este jueves por el alcalde Luis Revilla y pone en vigencia sanciones ágiles y duras por cumplimiento de las normas de construcción.
“Es una norma innovadora que está planteando procedimientos ágiles, sencillos y sanciones muy duras como corresponden a quienes infringen (la norma de construcción)”, aseguró Revilla.
Añadió que la iniciativa legal es el resultado de un nuevo modelo de fiscalización técnica territorial. “La norma está orientada a regular las construcciones en la ciudad y sobre todo a aquellos ciudadanos que construyen cumpla la norma”, añadió.
La ley regula las construcciones o edificaciones realizadas en la jurisdicción del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) y abarca las propiedades privadas, del Estado, de dominio municipal y de patrimonio histórico-cultural público o privado.
Ahora resta la reglamentación para su vigencia plena.
05 abril 2017
Seguridad industrial Constructoras podrán ser pasibles a multas
A partir de la fecha, las empresas de construcción fueron obligadas a otorgar los implementos de seguridad a sus trabajadores, luego de cumplirse el plazo de adecuación de las mismas, según señaló el Decreto Supremo 2936, aprobado en octubre de 2016.
En esta disposición, se señala que los empleadores deben proporcionar los dispositivos necesarios para que los trabajadores cuenten con la seguridad correspondiente, informó la jefa de Seguridad Industrial del Ministerio de Trabajo, Jazmina Murillo. Según el Sindicato de Trabajadores en Construcción Unificado semanalmente entre 2 a 3 trabajadores se accidentan con riesgo de fallecer por ausencia de medidas de seguridad en las empresas.
“Las empresas tuvieron un plazo de 180 días para la implementación de esta norma que aprobó el 5 de octubre de 2016, plazo que hoy fenece, lo que significa que a partir de hoy se debe dar cumplimiento a esta normativa”, dijo la autoridad.
El artículo 1 del mencionado decreto señala que el objeto es reglamentar la Ley Nro. 545, de 14 de julio de 2014, que ratifica el Convenio Nº 167 sobre “Seguridad y Salud en la Construcción”, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este reglamento establece que se deben tomar todas las medidas necesarias con el fin de proteger la vida y la salud de los trabajadores del rubro.
ALCANCE
Esta norma se emplea en la ejecución de obras civiles, edificaciones y otras de carácter público o privado en general y en el montaje y desmontaje de edificios y estructuras a base de elementos prefabricados, construcción de carreteras, obras viales, construcción de obras de arte, entre otros, donde exista actividad de construcción y/o mantenimiento.
El rubro de la construcción es el de mayor crecimiento en el país, además que se constituye el trabajo con mayores riesgos, debido a que los obreros lo hacen sobre andamios, frecuentemente precarios. La norma establece también que el trabajo en altura se considera a partir de 1,8 metros, es decir, que los empleadores tendrán que implementar sistemas de protección colectiva anticaídas, personal y otros controles operacionales.
TRABAJADORES
El ejecutivo de la Confederación de Constructores de Bolivia, Valerio Ayaviri, aseguró que esta normativa permitirá motivar a los trabajadores para que exijan a los empleadores mejores condiciones en sus fuentes laborales.
“Nosotros estamos expuesto a diferentes riesgos porque trabajamos en la altura, se debe contar con los elementos de seguridad, como cascos, arneses, escaleras; cuando se trabaja con electricidad, se debe tener los guantes de aislamiento, muchos de los compañeros sufrieron accidentes”, argumentó el dirigente.
En esta disposición, se señala que los empleadores deben proporcionar los dispositivos necesarios para que los trabajadores cuenten con la seguridad correspondiente, informó la jefa de Seguridad Industrial del Ministerio de Trabajo, Jazmina Murillo. Según el Sindicato de Trabajadores en Construcción Unificado semanalmente entre 2 a 3 trabajadores se accidentan con riesgo de fallecer por ausencia de medidas de seguridad en las empresas.
“Las empresas tuvieron un plazo de 180 días para la implementación de esta norma que aprobó el 5 de octubre de 2016, plazo que hoy fenece, lo que significa que a partir de hoy se debe dar cumplimiento a esta normativa”, dijo la autoridad.
El artículo 1 del mencionado decreto señala que el objeto es reglamentar la Ley Nro. 545, de 14 de julio de 2014, que ratifica el Convenio Nº 167 sobre “Seguridad y Salud en la Construcción”, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este reglamento establece que se deben tomar todas las medidas necesarias con el fin de proteger la vida y la salud de los trabajadores del rubro.
ALCANCE
Esta norma se emplea en la ejecución de obras civiles, edificaciones y otras de carácter público o privado en general y en el montaje y desmontaje de edificios y estructuras a base de elementos prefabricados, construcción de carreteras, obras viales, construcción de obras de arte, entre otros, donde exista actividad de construcción y/o mantenimiento.
El rubro de la construcción es el de mayor crecimiento en el país, además que se constituye el trabajo con mayores riesgos, debido a que los obreros lo hacen sobre andamios, frecuentemente precarios. La norma establece también que el trabajo en altura se considera a partir de 1,8 metros, es decir, que los empleadores tendrán que implementar sistemas de protección colectiva anticaídas, personal y otros controles operacionales.
TRABAJADORES
El ejecutivo de la Confederación de Constructores de Bolivia, Valerio Ayaviri, aseguró que esta normativa permitirá motivar a los trabajadores para que exijan a los empleadores mejores condiciones en sus fuentes laborales.
“Nosotros estamos expuesto a diferentes riesgos porque trabajamos en la altura, se debe contar con los elementos de seguridad, como cascos, arneses, escaleras; cuando se trabaja con electricidad, se debe tener los guantes de aislamiento, muchos de los compañeros sufrieron accidentes”, argumentó el dirigente.
Tarija Albañil cae del tercer piso de una construcción y fallece
Alrededor de las 15:00 del lunes en el barrio El Constructor, mientras se realizaba la construcción de un Policlínico, un albañil de 19 años de edad cayó del tercer piso,
inmediatamente fue auxiliado al Hospital Regional San Juan de Dios, donde aproximadamente a las 19:00 perdió la vida por las lesiones graves que presentaba.
Autopsia
El fiscal del departamento, Gilbert Muñoz, informó que el Ministerio Público realizó la autopsia junto a especialistas, donde se determinó que la causa de la muerte fue por un traumatismo abdominal cerrado y un Trauma Encéfalo Craneal (TEC).
“Lo que se tiene que ver ahora es que el Ministerio de Trabajo haga la verificación correspondiente del caso y remita un informe a la Fiscalía, que mientras se realizaba la construcción la persona que ha fallecido tenía todas las medidas de seguridad para este tipo de trabajo de riesgo y de acuerdo a ello se determinará lo que corresponda”, dijo.
Asimismo, hizo conocer que, según los informes, la víctima trabajaba en la construcción en el policlínico del barrio, el cual sería un emprendimiento privado; sin embargo, se debe tener conocimiento de que las personas que trabajan en construcción deben tener las condiciones de seguridad.
Por su parte, el director de la Estación Policial Integral del barrio Lourdes, coronel Ademar Cardozo, manifestó que en el examen médico forense que se realizó en el cuerpo del occiso se determinó que la muerte fue a raíz de los golpes fuertes que recibió.
“La caída fue accidental, este joven estaba realizando el trabajo de albañilería en el lugar y lamentablemente se ha podido percibir que no se tiene la seguridad necesaria para todas las personas que trabajan en construcciones o con materiales de construcción”, añadió.
El Ministerio Público solicitó un informe a las autoridades encargadas de realizar un seguimiento de las construcciones y de la seguridad de los trabajadores, los mismos tienen 20 días para hacer llegar al fiscal encargado en el caso y así ver si se abre un proceso o no a la empresa o el encargado de la construcción donde falleció el albañil.
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