La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) plantea siete ajustes normativos que permitan a las constructoras nacionales participar en los grandes proyectos de inversión estatal.
El vicepresidente de Caboco, Franklin Pérez, en una entrevista con Los Tiempos explicó que los ajustes ya planteados al Ministerio de Obras Públicas están relacionados con regulación a la participación de empresas extranjeras, reajuste de precios, garantías de contrato, temas laborales y solución de controversias, entre otros.
“Lo que buscamos es ‘nacionalizar’ la inversión pública a través de la mayor participación de las empresas nacionales”, dijo Pérez, considerando que en los últimos 18 meses las empresas extranjeras se adjudicaron proyectos por 3.265 millones de dólares. “En cualquier país, la construcción es el dinamizador de la economía porque intervienen más de 20 actividades económicas relacionadas”, señaló Pérez para explicar la necesidad de fortalecer a este rubro.
Según estimaciones del Gobierno, la construcción cerrará 2015 con 8,5 por ciento de crecimiento, el más alto entre los 12 sectores de la economía. Sin embargo, la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) calculó que crecerá en 8 por ciento, cifra menor al 11,4 por ciento de 2014, debido a la desaceleración prevista en la economía nacional.
Para la Caboco, la mejor manera de impulsar al sector es facilitar su participación en los proyectos estatales de envergadura, lo que tendrá un efecto multiplicador en la economía, pues las empresas contratarán mano de obra y servicios, además de aportar con impuestos.
Pérez dijo que este panorama fue explicado al ministro de Obras Públicas, Milton Claros; al vicepresidente, Álvaro García, y al ministro de Autonomías, Hugo Siles.
Las negociaciones comenzaron hace más de un mes en base a siete puntos. Destaca un proyecto de ley para que las empresas extranjeras se asocien con las nacionales dándoles una participación del 30 por ciento, que permitirá compartir derechos y obligaciones en la presentación de garantías, volúmenes de obra y reparto de utilidades.
También se planteó la necesidad de garantizar la calidad de los proyectos a diseño final, es decir que los consultores que elaboran compartan la responsabilidad con los constructores hasta la validación completa del proyecto.
Este punto está relacionado con la actualización de los precios mínimamente cada tres meses, para que los incrementos se reflejen en el presupuesto.
En cuanto a la garantía de cumplimiento de contrato, Caboco pide que sea de 3,5 por ciento del patrimonio de la empresa y no 7, como hasta ahora.
También propone reglamentar el acceso a materiales y agregados para evitar que las comunidades “extorsionen” a las empresas a cambio de darles acceso al uso.
Además, reducir la burocracia en el pago de planillas y resolver controversias a través de mecanismos de conciliación y arbitraje, no por la vía coactiva como sucede actualmente.
Pérez dijo que el 2 de septiembre está fijada una reunión en la que se conocerá la postura del Gobierno a estos planteamientos.
Ley de concesiones
El vicepresidente de la Caboco, Franklin Pérez, dijo que está pendiente el planteamiento de una ley de concesiones, que apunta a que las constructoras que puedan poner aporte propio para la ejecución de determinada obra reciban a cambio una concesión. Puso como ejemplo que si la obra es una carretera, se le otorgue por determinado tiempo el cobro de peaje. Sin embargo, aclaró que es una idea que aún debe discutirse.
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