- Las empresas constructoras que participen en la edificación de una obra fuera de norma se arriesgan al decomiso de sus herramientas y maquinarias, como sanción impuesta por la nueva Ley 233 de Fiscalización Territorial.
El artículo 34 de la normativa municipal establece que “las retenciones de todos los materiales de construcción e instrumentos que hubiesen sido utilizados en obras, construcciones y/o edificaciones no autorizadas o que estuvieran incumpliendo la normativa técnica legal, será realizado en coordinación con las entidades correspondientes y de ser necesario con otras entidades públicas, según corresponda”.
Ese artículo es cuestionado por el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jorge Silva, para quien este tipo de acciones, “ahí cometen otra infracción constitucional porque se estaría privando el derecho a la libertad de trabajo de una empresa que no es dueña de la construcción”, y puso de ejemplo a los propietarios que contratan a una empresa para realizar la construcción.
“¿Por qué tendrían que decomisarle la maquinaria, los vehículos a la empresa constructora, si el que viola la ley es el propietario?”, se preguntó Silva.
El secretario municipal de Planificación del Desarrollo, Marcelo Arroyo, aseveró que la retención y decomiso de materiales y herramientas se debe a un “sentido de corresponsabilidad que implica que todos aquellos que hubiesen participado en la infracción son corresponsables, hablamos desde los profesionales, las empresas públicas o privadas que hubiesen participado e la infracción”.
Para Arroyo, tanto las empresas constructoras como los profesionales “conocen” de la norma técnico legal para la realización de construcciones, por lo que su obligación es “recomendar” a los propietarios sobre la adecuación de las edificaciones a la normativa técnica legal y la Ley de Uso de Suelos.
Ley no puede otorgar derechos
En el parágrafo II del artículo 34 se indica que “la autoridad municipal está facultada en cualquier momento a ejecutar la medida precautoria del decomiso”.
Ese aspecto también es cuestionado por el concejal Silva, toda vez que la Constitución Política del Estado y una Asamblea Constituyente son las únicas que otorgan derechos, tanto a los ciudadanos como a las autoridades.
En ese sentido, el legislador municipal anticipó la presentación de un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra varios artículos de la norma, razón por la cual también se abstuvo de votar por la aprobación de la ley.
Negociación por multas
En la ley, uno de los aspectos más cuestionados por Silva es la negociación de las demoliciones por multas económicas, puesto que pone en riesgo a la vecindad paceña al permitir construcciones fuera de norma a cambio de una multa económica.
Aseguró que con esa postura la Alcaldía no pretende hacer cumplir la Ley de Uso de Suelos, sino recaudar más ingresos.
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11 abril 2017
06 abril 2017
Ley municipal fija 'sanciones muy duras' por incumplimiento de normas de construcción
La Ley 233 de Fiscalización Técnica Territorial fue promulgada este jueves por el alcalde Luis Revilla y pone en vigencia sanciones ágiles y duras por cumplimiento de las normas de construcción.
“Es una norma innovadora que está planteando procedimientos ágiles, sencillos y sanciones muy duras como corresponden a quienes infringen (la norma de construcción)”, aseguró Revilla.
Añadió que la iniciativa legal es el resultado de un nuevo modelo de fiscalización técnica territorial. “La norma está orientada a regular las construcciones en la ciudad y sobre todo a aquellos ciudadanos que construyen cumpla la norma”, añadió.
La ley regula las construcciones o edificaciones realizadas en la jurisdicción del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) y abarca las propiedades privadas, del Estado, de dominio municipal y de patrimonio histórico-cultural público o privado.
Ahora resta la reglamentación para su vigencia plena.
05 abril 2017
Seguridad industrial Constructoras podrán ser pasibles a multas
A partir de la fecha, las empresas de construcción fueron obligadas a otorgar los implementos de seguridad a sus trabajadores, luego de cumplirse el plazo de adecuación de las mismas, según señaló el Decreto Supremo 2936, aprobado en octubre de 2016.
En esta disposición, se señala que los empleadores deben proporcionar los dispositivos necesarios para que los trabajadores cuenten con la seguridad correspondiente, informó la jefa de Seguridad Industrial del Ministerio de Trabajo, Jazmina Murillo. Según el Sindicato de Trabajadores en Construcción Unificado semanalmente entre 2 a 3 trabajadores se accidentan con riesgo de fallecer por ausencia de medidas de seguridad en las empresas.
“Las empresas tuvieron un plazo de 180 días para la implementación de esta norma que aprobó el 5 de octubre de 2016, plazo que hoy fenece, lo que significa que a partir de hoy se debe dar cumplimiento a esta normativa”, dijo la autoridad.
El artículo 1 del mencionado decreto señala que el objeto es reglamentar la Ley Nro. 545, de 14 de julio de 2014, que ratifica el Convenio Nº 167 sobre “Seguridad y Salud en la Construcción”, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este reglamento establece que se deben tomar todas las medidas necesarias con el fin de proteger la vida y la salud de los trabajadores del rubro.
ALCANCE
Esta norma se emplea en la ejecución de obras civiles, edificaciones y otras de carácter público o privado en general y en el montaje y desmontaje de edificios y estructuras a base de elementos prefabricados, construcción de carreteras, obras viales, construcción de obras de arte, entre otros, donde exista actividad de construcción y/o mantenimiento.
El rubro de la construcción es el de mayor crecimiento en el país, además que se constituye el trabajo con mayores riesgos, debido a que los obreros lo hacen sobre andamios, frecuentemente precarios. La norma establece también que el trabajo en altura se considera a partir de 1,8 metros, es decir, que los empleadores tendrán que implementar sistemas de protección colectiva anticaídas, personal y otros controles operacionales.
TRABAJADORES
El ejecutivo de la Confederación de Constructores de Bolivia, Valerio Ayaviri, aseguró que esta normativa permitirá motivar a los trabajadores para que exijan a los empleadores mejores condiciones en sus fuentes laborales.
“Nosotros estamos expuesto a diferentes riesgos porque trabajamos en la altura, se debe contar con los elementos de seguridad, como cascos, arneses, escaleras; cuando se trabaja con electricidad, se debe tener los guantes de aislamiento, muchos de los compañeros sufrieron accidentes”, argumentó el dirigente.
En esta disposición, se señala que los empleadores deben proporcionar los dispositivos necesarios para que los trabajadores cuenten con la seguridad correspondiente, informó la jefa de Seguridad Industrial del Ministerio de Trabajo, Jazmina Murillo. Según el Sindicato de Trabajadores en Construcción Unificado semanalmente entre 2 a 3 trabajadores se accidentan con riesgo de fallecer por ausencia de medidas de seguridad en las empresas.
“Las empresas tuvieron un plazo de 180 días para la implementación de esta norma que aprobó el 5 de octubre de 2016, plazo que hoy fenece, lo que significa que a partir de hoy se debe dar cumplimiento a esta normativa”, dijo la autoridad.
El artículo 1 del mencionado decreto señala que el objeto es reglamentar la Ley Nro. 545, de 14 de julio de 2014, que ratifica el Convenio Nº 167 sobre “Seguridad y Salud en la Construcción”, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este reglamento establece que se deben tomar todas las medidas necesarias con el fin de proteger la vida y la salud de los trabajadores del rubro.
ALCANCE
Esta norma se emplea en la ejecución de obras civiles, edificaciones y otras de carácter público o privado en general y en el montaje y desmontaje de edificios y estructuras a base de elementos prefabricados, construcción de carreteras, obras viales, construcción de obras de arte, entre otros, donde exista actividad de construcción y/o mantenimiento.
El rubro de la construcción es el de mayor crecimiento en el país, además que se constituye el trabajo con mayores riesgos, debido a que los obreros lo hacen sobre andamios, frecuentemente precarios. La norma establece también que el trabajo en altura se considera a partir de 1,8 metros, es decir, que los empleadores tendrán que implementar sistemas de protección colectiva anticaídas, personal y otros controles operacionales.
TRABAJADORES
El ejecutivo de la Confederación de Constructores de Bolivia, Valerio Ayaviri, aseguró que esta normativa permitirá motivar a los trabajadores para que exijan a los empleadores mejores condiciones en sus fuentes laborales.
“Nosotros estamos expuesto a diferentes riesgos porque trabajamos en la altura, se debe contar con los elementos de seguridad, como cascos, arneses, escaleras; cuando se trabaja con electricidad, se debe tener los guantes de aislamiento, muchos de los compañeros sufrieron accidentes”, argumentó el dirigente.
Tarija Albañil cae del tercer piso de una construcción y fallece
Alrededor de las 15:00 del lunes en el barrio El Constructor, mientras se realizaba la construcción de un Policlínico, un albañil de 19 años de edad cayó del tercer piso,
inmediatamente fue auxiliado al Hospital Regional San Juan de Dios, donde aproximadamente a las 19:00 perdió la vida por las lesiones graves que presentaba.
Autopsia
El fiscal del departamento, Gilbert Muñoz, informó que el Ministerio Público realizó la autopsia junto a especialistas, donde se determinó que la causa de la muerte fue por un traumatismo abdominal cerrado y un Trauma Encéfalo Craneal (TEC).
“Lo que se tiene que ver ahora es que el Ministerio de Trabajo haga la verificación correspondiente del caso y remita un informe a la Fiscalía, que mientras se realizaba la construcción la persona que ha fallecido tenía todas las medidas de seguridad para este tipo de trabajo de riesgo y de acuerdo a ello se determinará lo que corresponda”, dijo.
Asimismo, hizo conocer que, según los informes, la víctima trabajaba en la construcción en el policlínico del barrio, el cual sería un emprendimiento privado; sin embargo, se debe tener conocimiento de que las personas que trabajan en construcción deben tener las condiciones de seguridad.
Por su parte, el director de la Estación Policial Integral del barrio Lourdes, coronel Ademar Cardozo, manifestó que en el examen médico forense que se realizó en el cuerpo del occiso se determinó que la muerte fue a raíz de los golpes fuertes que recibió.
“La caída fue accidental, este joven estaba realizando el trabajo de albañilería en el lugar y lamentablemente se ha podido percibir que no se tiene la seguridad necesaria para todas las personas que trabajan en construcciones o con materiales de construcción”, añadió.
El Ministerio Público solicitó un informe a las autoridades encargadas de realizar un seguimiento de las construcciones y de la seguridad de los trabajadores, los mismos tienen 20 días para hacer llegar al fiscal encargado en el caso y así ver si se abre un proceso o no a la empresa o el encargado de la construcción donde falleció el albañil.
29 marzo 2017
Consejo aprobó nueva ley para fiscalizar construcciones
El Legislativo Municipal aprobó ayer la Ley Municipal Autonómica de Fiscalización Técnica Territorial a fin de garantizar el cumplimiento del uso, clases de ocupación del suelo y parámetros de edificación, cuya tendencia es de mayor rigor en las sanciones por incumplimiento a las disposiciones ediles.
La anterior Ordenanza Municipal 074/2004 está desactualizada, esta Ley de Fiscalización ha cumplido en su momento una etapa, actualmente no tiene ninguna función en los macrodistritos, donde se están ocupando grandes extensiones de terreno y no se puede fiscalizar”, apuntó el concejal Isaac Fernández, secretario de la Comisión de Planificación y Gestión Territorial.
Señaló que una de las deficiencias de la norma fiscalizadora aún en vigencia son los tiempos procesales, toda vez que mientras transcurre el proceso administrativo las construcciones continúan avanzando en obras. “Se termina la construcción, pero continúa el proceso técnico administrativo”, apuntó.
En este sentido, señaló que uno de los objetivos es reducir los tiempos procedimentales acompañado de posibilidades para que los responsables de las construcciones puedan acogerse a un plan de ajuste dentro los plazos establecidos por la comuna.
“Si una construcción es ilegal no se les debería otorgar las certificaciones catastrales y en los registros de impuestos debería consignar las multas de las casas con sanciones por estar fuera de norma”, remarcó.
Con relación al canon de multas o sanciones, aclaró el concejal que este aspecto está sujeto a su reglamentación. La propuesta de ley establece que sea diez veces más la multa de lo que se mantiene actualmente, pero se trata de un aspecto técnico que t deberá reglamentar el Ejecutivo Municipal en función de valores y formulas específicas.
A su vez, el concejal Fabian Siñani, recientemente, declaró que uno de los objetivos de esta normativa es subsanar las debilidades de la organización institucional como Estado, vinculadas a las limitaciones de los gobiernos municipales para actuar de manera coercitiva, por lo que debe acudir necesariamente al apoyo de la fuerza policial.
“Lo que vamos a hacer con esta Ley municipal es controlar y frenar las irregularidades. Si no pagan la multa, que es muy alta, no van a tener catastro, en el caso de los edificios no podrán tener la división de la propiedad horizontal”, adelantó.
“Es un tema de responsabilidad de los propietarios, de adecuarse a las disposiciones municipales. A pesar de estas limitaciones, en muchos casos hemos ingresado a paralizar varias obras en Limanipata, Irpavi, Periférica y otras zonas, muchas veces hemos ingresado con un importante contingente de recursos humanos de la propia alcaldía”, señaló.
La anterior Ordenanza Municipal 074/2004 está desactualizada, esta Ley de Fiscalización ha cumplido en su momento una etapa, actualmente no tiene ninguna función en los macrodistritos, donde se están ocupando grandes extensiones de terreno y no se puede fiscalizar”, apuntó el concejal Isaac Fernández, secretario de la Comisión de Planificación y Gestión Territorial.
Señaló que una de las deficiencias de la norma fiscalizadora aún en vigencia son los tiempos procesales, toda vez que mientras transcurre el proceso administrativo las construcciones continúan avanzando en obras. “Se termina la construcción, pero continúa el proceso técnico administrativo”, apuntó.
En este sentido, señaló que uno de los objetivos es reducir los tiempos procedimentales acompañado de posibilidades para que los responsables de las construcciones puedan acogerse a un plan de ajuste dentro los plazos establecidos por la comuna.
“Si una construcción es ilegal no se les debería otorgar las certificaciones catastrales y en los registros de impuestos debería consignar las multas de las casas con sanciones por estar fuera de norma”, remarcó.
Con relación al canon de multas o sanciones, aclaró el concejal que este aspecto está sujeto a su reglamentación. La propuesta de ley establece que sea diez veces más la multa de lo que se mantiene actualmente, pero se trata de un aspecto técnico que t deberá reglamentar el Ejecutivo Municipal en función de valores y formulas específicas.
A su vez, el concejal Fabian Siñani, recientemente, declaró que uno de los objetivos de esta normativa es subsanar las debilidades de la organización institucional como Estado, vinculadas a las limitaciones de los gobiernos municipales para actuar de manera coercitiva, por lo que debe acudir necesariamente al apoyo de la fuerza policial.
“Lo que vamos a hacer con esta Ley municipal es controlar y frenar las irregularidades. Si no pagan la multa, que es muy alta, no van a tener catastro, en el caso de los edificios no podrán tener la división de la propiedad horizontal”, adelantó.
“Es un tema de responsabilidad de los propietarios, de adecuarse a las disposiciones municipales. A pesar de estas limitaciones, en muchos casos hemos ingresado a paralizar varias obras en Limanipata, Irpavi, Periférica y otras zonas, muchas veces hemos ingresado con un importante contingente de recursos humanos de la propia alcaldía”, señaló.
Sucre Exigen auditoría a obras ejecutadas por Concretec
ENTREGA PROVISIONAL
La avenida Juana Azurduy de Padilla fue entregada de forma provisional el pasado 14 de febrero; a partir de esa fecha, la empresa ISSA Concretec corrige las observaciones a la obra.
Ante la falta de información sobre el proyecto a diseño final, el incremento del presupuesto inicial y la no ejecución de algunos ítems, entre otras observaciones, la Federación Departamental de Juntas Vecinales (FEDJUVE) exige una auditoría técnico-financiera al trabajo realizado por la empresa ISSA Concretec en la avenida Juana Azurduy de Padilla y también a las obras en la avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz.
¿En qué consistía el proyecto a diseño final de la avenida Juana Azurduy de Padilla, qué ítems estaban contemplados, qué modificaciones se hicieron al proyecto inicial, cuál era el cronograma y por qué el presupuesto se incrementó de Bs 80.5 millones a Bs 87.9 millones?, son algunas de las dudas que tienen los vecinos y que ni los concejales lograron informar con precisión, pese a las peticiones de informe al Ejecutivo e inspecciones a la obra.
“El proyecto a diseño final no ha sido socializado, cómo han estado trabajando, no conocemos el contenido mismo del proyecto, y también sabemos que al principio tenía un monto ‘X’ de presupuesto, luego apareció con un monto más alto, es por eso que nosotros queremos tener la documentación y se ha decidido que se haga una auditoría técnica y financiera para saber si ese proyecto se ha ejecutado eficientemente o ha sido simplemente un trabajo camuflado”, manifestó el presidente de la FEDJUVE, José Aceituno.
En su Congreso del pasado fin de semana, en el que aprobó su nuevo Estatuto, la FEDJUVE emitió cuatro resoluciones, entre las que solicita al Concejo la modificación parcial de la Ley Municipal 019 de Control Social para incorporar las atribuciones y derechos que tienen los actores de Participación y Control Social; también exige al Gobierno Municipal la adecuación y actualización de los estatutos de las empresas de servicio, y una auditoría técnico-financiera a las obras en las avenidas Juana Azurduy de Padilla y Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Por otro lado, exige a las autoridades de la Alcaldía y de la Gobernación de Chuquisaca que revelen la cantidad de asesores que tienen; asimismo que –ante la carencia de presupuesto debido a la reducción de regalías– apliquen políticas de austeridad, especialmente en la contratación de personal eventual.
27 marzo 2017
Iron Man se levanta en El Alto
Una cabeza de Iron Man se levanta temeraria en un futuro edificio metálico de la zona 16 de Julio en El Alto. Se trata de la última obra de Santos Churata Lozano, el joven creador de la arquitectura Transformer.
Churata tiene uno de esos trabajos que se envidian a simple vista. Su oficina está adornada con pósters de autobots y decepticons amenazantes. Ahí también hay espacio para un cuadro de un Iron Man que vuela por la pared.
Además, encima del escritorio está una máscara del Hombre de Acero (Iron Man, en español) que fue un éxito en la pantalla grande. Grande también es la propuesta de Churata, quien decidió crear un edificio con el rostro del héroe que en el cine fue personificado por el actor Robert Downey Jr.
“La idea es netamente mía, con la absoluta confianza de los dueños de casa”, refiere el hombre de 34 años que nació en el poblado de Caquingora, en la provincia Pacajes. Él ya tiene una treintena de edificios, casas y locales a los que les puso su sello.
Cuenta que está en la carrera de Arquitectura, pero que aún no logró culminarla; sin embargo, arguye que le sobra imaginación.
Churata vive a su estilo. Le gusta ir de negro y montado en su moto y va de construcción en construcción sobre dos ruedas. Es de los que tiene más de una obra a la vez. “Cada una tiene su estilo propio”, remarca. Es así que hay algunas con las iniciales familiares en la entrada. En el caso del Iron Man está la letra P en la puerta.
El propietario de la vivienda —quien además es el hombre que depósito toda su confianza en Churata— es Pablo Poma. En la casa de cuatro pisos vivirá él con su esposa Celia y sus hijos.
Poner la cabeza de Iron Man y darle esa personalidad a la construcción no es una labor sencilla. Churata lleva ya dos años trabajando allí y prevé que a mediados de este año la figura esté completa. La obra cuesta aproximadamente $us 700.000.
La edificación está en la avenida 16 de Julio, frente a la iglesia Santa María. Cuando esté concluida, la mirada de Iron Man estará a la altura de la línea aérea del teleférico Azul, que atraviesa el cielo alteño.
“Todos los que pasen por el teleférico van a verse frente a frente con Iron Man. Es un lugar estratégico para mi exposición”, asevera Churata, quien asegura que ha nacido con el “don de dibujante”.
Aquel don se fortaleció con el apoyo de su abuelo, quien era ingeniero. Agrega que su papá “tenía mucho conocimiento en la materia”. Lo demás es su cosecha.
Cada obra tiene detalles únicos, explica Churata. Así, con el Iron Man está más que feliz porque se le ha dado la libertad de crear. “Será algo exclusivo”.
“Es una arquitectura que me identifica”, explica Churata. Su objetivo es que un día la gente pasee por El Alto y admire sus obras. Un circuito turístico es su sueño metálico. (27/03/2017)
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