La Cámara de la Construcción de Santa Cruz informó a este medio que el sector en el último decenio es de un crecimiento sostenido y constante, la mayoría de los años por encima del crecimiento del PIB nacional.
A este respecto, en nota enviada a EL DIARIO, dicha Cámara desvirtúa algunas afirmaciones de un artículo escrito sobre la materia por un colaborador de este medio, en el que se indicó que estaba bajando la demanda de cemento, lo que le indujo a suponer que se estaban también reduciendo las actividades del sector de la construcción.
Anota, en cambio, que “el sector de la construcción, como cualquier otro de la economía, está sometido a las fluctuaciones que se producen en el mercado, por lo tanto tiene períodos de crecimiento y decrecimiento, por lo que es necesario mirar en perspectiva para mirar la perspectiva para ver la tendencia subyacente”.
Luego refiere que “la tendencia en los últimos 10 años es de crecimiento sostenido y constante, la mayoría de los años por encima del crecimiento del PIB nacional”.
Continúa: “Nuestra posición ha sido, y se puede comprobar en nuestras intervenciones de prensa, que los cierres de estas empresas se deben en su mayoría a problemas de liquidez de las mismas, por los retrasos que algunas administraciones del Estado tienen en el pago de las obras que se ejecutan, para lo que la Cámara ha propuesto al Gobierno Nacional la posibilidad de que la planilla de obra debidamente firmada se convierte en instrumento mercantil que se podría negociar en el sistema financiero nacional con su correspondiente descuento”.
Termina expresando que el funcionamiento del sector del departamento de Santa Cruz muestra desde los últimos 25 años, un crecimiento sostenido, que se basa en la fuerte demanda que se genera por el aumento de la población y la llegada de compatriotas de otras regiones de Bolivia.
19 abril 2017
Concretec decide optar por la invitación directa
PROPONENTES
65 empresas se presentaron a las dos convocatorias de CONCRETEC, que las declaró desiertas y activó el mecanismo de la invitación directa.
La empresa ISSA CONCRETEC, que se encargará de ejecutar los 182 proyectos con el crédito público de Bs 232 millones al que accedió el Gobierno Municipal de Sucre, declaró desierta la segunda licitación pública para adjudicar las obras, pero aseguró que las empresas proponentes serán tomadas en cuenta en la invitación directa, que podría activarse la próxima semana ni bien haga conocer la Alcaldía el cronograma de ejecución.
Algunas empresas expresaron su molestia con el proceso, porque, según alegaron, no habría sido del todo serio porque para la primera convocatoria aplicaron un reglamento y en la segunda se modificó las especificaciones, además lamentaron que les hayan hecho perder tiempo y dinero sólo para tener un banco de empresas sin la seguridad de que les adjudiquen algún proyecto.
Por ejemplo, una constructora comentó que en las dos convocatorias postuló a tres proyectos y gastó $us 600 sólo en la obtención de las boletas de garantía, cuya comisión por cada una de ellas es de $us 100.
El gerente de CONCRETEC, Abel Villarroel, en declaraciones a CORREO DEL SUR, explicó que sus procedimientos permiten crear un "banco de proveedores” para diferentes servicios que requieren.
Dijo que tanto en la primera como en la segunda convocatoria hubo una escasa participación de empresas para la cantidad de paquetes de proyectos que se lanzaron. Sin embargo, aclaró que la declaratoria de desierta no implica que todo “muera ahí” pues las firmas proponentes serán tomadas en cuenta en la próxima invitación directa.
“Se trata de buscar el banco de empresas para que junto con otras se pueda establecer el procedimiento hacia la firma del contrato con el señor Alcalde y, por ende, la contratación de las empresas. Por el momento sólo se limita a eso, a tener un banco de empresas para poder invitarlas directamente una vez que se tengan ya firmados los contratos”, remarcó.
CONCRETEC lanzó dos licitaciones para adjudicar 182 proyectos distribuidos en 34 paquetes, pero las 65 empresas proponentes no pudieron cubrir ni siquiera el 30% de la oferta de obras.
“Se presentaron en un paquete con un proyectito, en otro con otro proyectito, entonces eso realmente nos dificulta, porque nosotros necesitamos mayores frentes de trabajo, en ese sentido al no cubrir la expectativa de ISSA CONCRETEC es que se fue procediendo de esta forma, pero valga la aclaración de que estas empresas van a ser tomadas en cuenta en los procesos posteriores”, subrayó Villarroel.
El Gerente cree que no hubo una buena respuesta porque muchas empresas simplemente desconocían las convocatorias, otras posiblemente estaban imposibilitadas de cumplir con los requisitos o porque estaban con algún proceso administrativo como cierres de gestión.
RESPUESTA A OBSERVACIONES
Sobre las observaciones, el ejecutivo afirmó que en las dos convocatorias se tomaron en cuenta los mismos los pliegos de especificaciones. “Nada se cambió a medio camino, definitivamente esa información es incorrecta y hasta atrevida porque no se manejó de esa forma”, respondió.
Sin embargo, admitió que las empresas efectivamente incurrieron en "algunos gastos", pero no en cuanto a las boletas de garantía que son reembolsables.
“No hemos solicitado otra garantía propia a la empresa, ni siquiera hemos vendido los pliegos (de especificaciones) por así decirlo, el pliego ha sido entregado gratuitamente y el único gasto que han realizado, que también es reembolsable, es la boleta de garantía. Nada más”, respondió.
Las boletas de garantía en las licitaciones de CONCRETEC eran equivalentes al 1% de los proyectos, monto que obviamente se devuelve a la empresa en caso de no adjudicarse ninguna obra. Lo que no tiene retorno, son las comisiones de $us 100 que se paga al banco por boleta, según uno de los proponentes.
Por su lado, el secretario General de la Alcaldía, Enrique Leaño, anunció ayer que el cronograma de ejecución de las 182 obras será definido hasta la próxima semana, con lo que se allanará la vía para las adjudicaciones.
“La siguiente semana vamos a sacar todo el cronograma para inicio de obras y con eso obra que se inicie no se va a parar”, afirmó al mencionar que la instrucción del alcalde Iván Arciénega es que todos los proyectos arranquen este año y que antes del 25 de Mayo se firmen los contratos.
11 abril 2017
Oruro Edificios de la ciudad incumplen normativas para su construcción
Edificios de la ciudad no cumplen con las disposiciones municipales que regulan su construcción, excediendo en el número de niveles en orientación horizontal que a su vez se constituye en un riesgo posterior, más aún si los mismos se encuentran ubicados en el centro de la ciudad comprendido en un área de "protección".
Según el secretario de Infraestructura del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), Carlos Delgado, este es un problema que se atraviesa en las áreas urbanas en el país y el exterior, en el caso de Oruro no existe una normativa "clara" que establezca sanciones directas para los propietarios infractores o permita a las unidades actuar de forma inmediata.
Citando como ejemplo, la autoridad hizo referencia al edificio construido en las calles Bolívar y Camacho, el cual supera el número de niveles o "pisos" autorizados de acuerdo a la normativa vigente, que aplicado a su contenido establece como un parámetro limite la cimentación de seis hasta siete pisos.
"La norma en algún caso ha sido vulnerada por los propietarios y estos no tienen los planos aprobados, pero existe esta vulneración, no podemos entrar a demoler por falta de una norma que regule, si bien construyen hasta el proyecto que está aprobado se aíslan del control urbano para continuar dos o tres pisos más", afirmo Delgado.
El área de protección del municipio de Oruro de acuerdo al plan regulador, comprende desde la calle Cochabamba hacia el centro de la ciudad, la calle Petot al centro de la ciudad, y de igual manera desde la calle Velasco Galvarro hacia el Este y la "Murguía" también hacia el centro de la ciudad.
De acuerdo a lo establecido los propietarios deberían considerar este aspecto, ya que las edificaciones muy altas incluso volverían el Casco Viejo como una zona más "frígida".
En conclusión, son varias las arquitecturas que no cuentan con planos aprobados, lo que sería objeto de sanciones en lo posterior y más aún cuando entre en vigencia el Plan de Ordenamiento Territorial, que será un instrumento para regular este aspecto.
"Son sancionados económicamente, por otro lado, los antecedentes son enviados a Derechos Reales y Derechos Reales solamente da curso a aquellas enajenaciones de propiedad horizontal hasta la cantidad de pisos aprobado, los demás pisos van a tener problemas de enajenación, no los toma en cuenta", aseveró Delgado.
Cabe señalar, que el cálculo acorde para la construcción de edificios va de acuerdo al ancho de la batiente (vía) de la calle o avenida del bien inmueble.
Según el secretario de Infraestructura del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), Carlos Delgado, este es un problema que se atraviesa en las áreas urbanas en el país y el exterior, en el caso de Oruro no existe una normativa "clara" que establezca sanciones directas para los propietarios infractores o permita a las unidades actuar de forma inmediata.
Citando como ejemplo, la autoridad hizo referencia al edificio construido en las calles Bolívar y Camacho, el cual supera el número de niveles o "pisos" autorizados de acuerdo a la normativa vigente, que aplicado a su contenido establece como un parámetro limite la cimentación de seis hasta siete pisos.
"La norma en algún caso ha sido vulnerada por los propietarios y estos no tienen los planos aprobados, pero existe esta vulneración, no podemos entrar a demoler por falta de una norma que regule, si bien construyen hasta el proyecto que está aprobado se aíslan del control urbano para continuar dos o tres pisos más", afirmo Delgado.
El área de protección del municipio de Oruro de acuerdo al plan regulador, comprende desde la calle Cochabamba hacia el centro de la ciudad, la calle Petot al centro de la ciudad, y de igual manera desde la calle Velasco Galvarro hacia el Este y la "Murguía" también hacia el centro de la ciudad.
De acuerdo a lo establecido los propietarios deberían considerar este aspecto, ya que las edificaciones muy altas incluso volverían el Casco Viejo como una zona más "frígida".
En conclusión, son varias las arquitecturas que no cuentan con planos aprobados, lo que sería objeto de sanciones en lo posterior y más aún cuando entre en vigencia el Plan de Ordenamiento Territorial, que será un instrumento para regular este aspecto.
"Son sancionados económicamente, por otro lado, los antecedentes son enviados a Derechos Reales y Derechos Reales solamente da curso a aquellas enajenaciones de propiedad horizontal hasta la cantidad de pisos aprobado, los demás pisos van a tener problemas de enajenación, no los toma en cuenta", aseveró Delgado.
Cabe señalar, que el cálculo acorde para la construcción de edificios va de acuerdo al ancho de la batiente (vía) de la calle o avenida del bien inmueble.
Constructoras se arriesgan a decomisos con ley edil 233
- Las empresas constructoras que participen en la edificación de una obra fuera de norma se arriesgan al decomiso de sus herramientas y maquinarias, como sanción impuesta por la nueva Ley 233 de Fiscalización Territorial.
El artículo 34 de la normativa municipal establece que “las retenciones de todos los materiales de construcción e instrumentos que hubiesen sido utilizados en obras, construcciones y/o edificaciones no autorizadas o que estuvieran incumpliendo la normativa técnica legal, será realizado en coordinación con las entidades correspondientes y de ser necesario con otras entidades públicas, según corresponda”.
Ese artículo es cuestionado por el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jorge Silva, para quien este tipo de acciones, “ahí cometen otra infracción constitucional porque se estaría privando el derecho a la libertad de trabajo de una empresa que no es dueña de la construcción”, y puso de ejemplo a los propietarios que contratan a una empresa para realizar la construcción.
“¿Por qué tendrían que decomisarle la maquinaria, los vehículos a la empresa constructora, si el que viola la ley es el propietario?”, se preguntó Silva.
El secretario municipal de Planificación del Desarrollo, Marcelo Arroyo, aseveró que la retención y decomiso de materiales y herramientas se debe a un “sentido de corresponsabilidad que implica que todos aquellos que hubiesen participado en la infracción son corresponsables, hablamos desde los profesionales, las empresas públicas o privadas que hubiesen participado e la infracción”.
Para Arroyo, tanto las empresas constructoras como los profesionales “conocen” de la norma técnico legal para la realización de construcciones, por lo que su obligación es “recomendar” a los propietarios sobre la adecuación de las edificaciones a la normativa técnica legal y la Ley de Uso de Suelos.
Ley no puede otorgar derechos
En el parágrafo II del artículo 34 se indica que “la autoridad municipal está facultada en cualquier momento a ejecutar la medida precautoria del decomiso”.
Ese aspecto también es cuestionado por el concejal Silva, toda vez que la Constitución Política del Estado y una Asamblea Constituyente son las únicas que otorgan derechos, tanto a los ciudadanos como a las autoridades.
En ese sentido, el legislador municipal anticipó la presentación de un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra varios artículos de la norma, razón por la cual también se abstuvo de votar por la aprobación de la ley.
Negociación por multas
En la ley, uno de los aspectos más cuestionados por Silva es la negociación de las demoliciones por multas económicas, puesto que pone en riesgo a la vecindad paceña al permitir construcciones fuera de norma a cambio de una multa económica.
Aseguró que con esa postura la Alcaldía no pretende hacer cumplir la Ley de Uso de Suelos, sino recaudar más ingresos.
El artículo 34 de la normativa municipal establece que “las retenciones de todos los materiales de construcción e instrumentos que hubiesen sido utilizados en obras, construcciones y/o edificaciones no autorizadas o que estuvieran incumpliendo la normativa técnica legal, será realizado en coordinación con las entidades correspondientes y de ser necesario con otras entidades públicas, según corresponda”.
Ese artículo es cuestionado por el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jorge Silva, para quien este tipo de acciones, “ahí cometen otra infracción constitucional porque se estaría privando el derecho a la libertad de trabajo de una empresa que no es dueña de la construcción”, y puso de ejemplo a los propietarios que contratan a una empresa para realizar la construcción.
“¿Por qué tendrían que decomisarle la maquinaria, los vehículos a la empresa constructora, si el que viola la ley es el propietario?”, se preguntó Silva.
El secretario municipal de Planificación del Desarrollo, Marcelo Arroyo, aseveró que la retención y decomiso de materiales y herramientas se debe a un “sentido de corresponsabilidad que implica que todos aquellos que hubiesen participado en la infracción son corresponsables, hablamos desde los profesionales, las empresas públicas o privadas que hubiesen participado e la infracción”.
Para Arroyo, tanto las empresas constructoras como los profesionales “conocen” de la norma técnico legal para la realización de construcciones, por lo que su obligación es “recomendar” a los propietarios sobre la adecuación de las edificaciones a la normativa técnica legal y la Ley de Uso de Suelos.
Ley no puede otorgar derechos
En el parágrafo II del artículo 34 se indica que “la autoridad municipal está facultada en cualquier momento a ejecutar la medida precautoria del decomiso”.
Ese aspecto también es cuestionado por el concejal Silva, toda vez que la Constitución Política del Estado y una Asamblea Constituyente son las únicas que otorgan derechos, tanto a los ciudadanos como a las autoridades.
En ese sentido, el legislador municipal anticipó la presentación de un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra varios artículos de la norma, razón por la cual también se abstuvo de votar por la aprobación de la ley.
Negociación por multas
En la ley, uno de los aspectos más cuestionados por Silva es la negociación de las demoliciones por multas económicas, puesto que pone en riesgo a la vecindad paceña al permitir construcciones fuera de norma a cambio de una multa económica.
Aseguró que con esa postura la Alcaldía no pretende hacer cumplir la Ley de Uso de Suelos, sino recaudar más ingresos.
06 abril 2017
Ley municipal fija 'sanciones muy duras' por incumplimiento de normas de construcción
La Ley 233 de Fiscalización Técnica Territorial fue promulgada este jueves por el alcalde Luis Revilla y pone en vigencia sanciones ágiles y duras por cumplimiento de las normas de construcción.
“Es una norma innovadora que está planteando procedimientos ágiles, sencillos y sanciones muy duras como corresponden a quienes infringen (la norma de construcción)”, aseguró Revilla.
Añadió que la iniciativa legal es el resultado de un nuevo modelo de fiscalización técnica territorial. “La norma está orientada a regular las construcciones en la ciudad y sobre todo a aquellos ciudadanos que construyen cumpla la norma”, añadió.
La ley regula las construcciones o edificaciones realizadas en la jurisdicción del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) y abarca las propiedades privadas, del Estado, de dominio municipal y de patrimonio histórico-cultural público o privado.
Ahora resta la reglamentación para su vigencia plena.
05 abril 2017
Seguridad industrial Constructoras podrán ser pasibles a multas
A partir de la fecha, las empresas de construcción fueron obligadas a otorgar los implementos de seguridad a sus trabajadores, luego de cumplirse el plazo de adecuación de las mismas, según señaló el Decreto Supremo 2936, aprobado en octubre de 2016.
En esta disposición, se señala que los empleadores deben proporcionar los dispositivos necesarios para que los trabajadores cuenten con la seguridad correspondiente, informó la jefa de Seguridad Industrial del Ministerio de Trabajo, Jazmina Murillo. Según el Sindicato de Trabajadores en Construcción Unificado semanalmente entre 2 a 3 trabajadores se accidentan con riesgo de fallecer por ausencia de medidas de seguridad en las empresas.
“Las empresas tuvieron un plazo de 180 días para la implementación de esta norma que aprobó el 5 de octubre de 2016, plazo que hoy fenece, lo que significa que a partir de hoy se debe dar cumplimiento a esta normativa”, dijo la autoridad.
El artículo 1 del mencionado decreto señala que el objeto es reglamentar la Ley Nro. 545, de 14 de julio de 2014, que ratifica el Convenio Nº 167 sobre “Seguridad y Salud en la Construcción”, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este reglamento establece que se deben tomar todas las medidas necesarias con el fin de proteger la vida y la salud de los trabajadores del rubro.
ALCANCE
Esta norma se emplea en la ejecución de obras civiles, edificaciones y otras de carácter público o privado en general y en el montaje y desmontaje de edificios y estructuras a base de elementos prefabricados, construcción de carreteras, obras viales, construcción de obras de arte, entre otros, donde exista actividad de construcción y/o mantenimiento.
El rubro de la construcción es el de mayor crecimiento en el país, además que se constituye el trabajo con mayores riesgos, debido a que los obreros lo hacen sobre andamios, frecuentemente precarios. La norma establece también que el trabajo en altura se considera a partir de 1,8 metros, es decir, que los empleadores tendrán que implementar sistemas de protección colectiva anticaídas, personal y otros controles operacionales.
TRABAJADORES
El ejecutivo de la Confederación de Constructores de Bolivia, Valerio Ayaviri, aseguró que esta normativa permitirá motivar a los trabajadores para que exijan a los empleadores mejores condiciones en sus fuentes laborales.
“Nosotros estamos expuesto a diferentes riesgos porque trabajamos en la altura, se debe contar con los elementos de seguridad, como cascos, arneses, escaleras; cuando se trabaja con electricidad, se debe tener los guantes de aislamiento, muchos de los compañeros sufrieron accidentes”, argumentó el dirigente.
En esta disposición, se señala que los empleadores deben proporcionar los dispositivos necesarios para que los trabajadores cuenten con la seguridad correspondiente, informó la jefa de Seguridad Industrial del Ministerio de Trabajo, Jazmina Murillo. Según el Sindicato de Trabajadores en Construcción Unificado semanalmente entre 2 a 3 trabajadores se accidentan con riesgo de fallecer por ausencia de medidas de seguridad en las empresas.
“Las empresas tuvieron un plazo de 180 días para la implementación de esta norma que aprobó el 5 de octubre de 2016, plazo que hoy fenece, lo que significa que a partir de hoy se debe dar cumplimiento a esta normativa”, dijo la autoridad.
El artículo 1 del mencionado decreto señala que el objeto es reglamentar la Ley Nro. 545, de 14 de julio de 2014, que ratifica el Convenio Nº 167 sobre “Seguridad y Salud en la Construcción”, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este reglamento establece que se deben tomar todas las medidas necesarias con el fin de proteger la vida y la salud de los trabajadores del rubro.
ALCANCE
Esta norma se emplea en la ejecución de obras civiles, edificaciones y otras de carácter público o privado en general y en el montaje y desmontaje de edificios y estructuras a base de elementos prefabricados, construcción de carreteras, obras viales, construcción de obras de arte, entre otros, donde exista actividad de construcción y/o mantenimiento.
El rubro de la construcción es el de mayor crecimiento en el país, además que se constituye el trabajo con mayores riesgos, debido a que los obreros lo hacen sobre andamios, frecuentemente precarios. La norma establece también que el trabajo en altura se considera a partir de 1,8 metros, es decir, que los empleadores tendrán que implementar sistemas de protección colectiva anticaídas, personal y otros controles operacionales.
TRABAJADORES
El ejecutivo de la Confederación de Constructores de Bolivia, Valerio Ayaviri, aseguró que esta normativa permitirá motivar a los trabajadores para que exijan a los empleadores mejores condiciones en sus fuentes laborales.
“Nosotros estamos expuesto a diferentes riesgos porque trabajamos en la altura, se debe contar con los elementos de seguridad, como cascos, arneses, escaleras; cuando se trabaja con electricidad, se debe tener los guantes de aislamiento, muchos de los compañeros sufrieron accidentes”, argumentó el dirigente.
Tarija Albañil cae del tercer piso de una construcción y fallece
Alrededor de las 15:00 del lunes en el barrio El Constructor, mientras se realizaba la construcción de un Policlínico, un albañil de 19 años de edad cayó del tercer piso,
inmediatamente fue auxiliado al Hospital Regional San Juan de Dios, donde aproximadamente a las 19:00 perdió la vida por las lesiones graves que presentaba.
Autopsia
El fiscal del departamento, Gilbert Muñoz, informó que el Ministerio Público realizó la autopsia junto a especialistas, donde se determinó que la causa de la muerte fue por un traumatismo abdominal cerrado y un Trauma Encéfalo Craneal (TEC).
“Lo que se tiene que ver ahora es que el Ministerio de Trabajo haga la verificación correspondiente del caso y remita un informe a la Fiscalía, que mientras se realizaba la construcción la persona que ha fallecido tenía todas las medidas de seguridad para este tipo de trabajo de riesgo y de acuerdo a ello se determinará lo que corresponda”, dijo.
Asimismo, hizo conocer que, según los informes, la víctima trabajaba en la construcción en el policlínico del barrio, el cual sería un emprendimiento privado; sin embargo, se debe tener conocimiento de que las personas que trabajan en construcción deben tener las condiciones de seguridad.
Por su parte, el director de la Estación Policial Integral del barrio Lourdes, coronel Ademar Cardozo, manifestó que en el examen médico forense que se realizó en el cuerpo del occiso se determinó que la muerte fue a raíz de los golpes fuertes que recibió.
“La caída fue accidental, este joven estaba realizando el trabajo de albañilería en el lugar y lamentablemente se ha podido percibir que no se tiene la seguridad necesaria para todas las personas que trabajan en construcciones o con materiales de construcción”, añadió.
El Ministerio Público solicitó un informe a las autoridades encargadas de realizar un seguimiento de las construcciones y de la seguridad de los trabajadores, los mismos tienen 20 días para hacer llegar al fiscal encargado en el caso y así ver si se abre un proceso o no a la empresa o el encargado de la construcción donde falleció el albañil.
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